El meollo del asunto está en si son o no legítimas. No se trata de si se ha hecho o no justicia, de dónde queda la responsabilidad personal de las obligaciones que se asumen o la seguridad jurídica española, un aspecto clave ya muy en entredicho.
Aunque a unos más y a otros menos no les suena mal que se meta mano a los bancos, el hecho de fijar un suelo en los tipos de interés que se pagan por una hipoteca es del todo legítimo. Además, en un sistema tan garantista como el español, en el que las hipotecas se firman delante de un notario, que asegura que se entiende lo que se firma, las posibilidades de abuso en el proceso son escasas.
Puede haber excepciones, pero no creo que el común de los mortales tenga muchas dificultades para entender que dicha cláusula es el tipo de interés mínimo que va a pagar por su hipoteca. No es que los bancos, que no son hermanitas de los caridad y que han dado muchos estacazos en los últimos tiempos, hicieran entonces algo con el ánimo de engañar a sus clientes.
Hay que recordar que cuando se firmaron la gran mayoría de estos préstamos, el entorno de tipos de interés era totalmente distinto y lo sucedido después resultaba entonces imposible. Las cláusulas suelo han sido práctica habitual, pero no obligatoria. Hay entidades que no lo hacían pero que consecuentemente gestionaban su balance de forma distinta.
El problema no ha sido la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que llegados a ese punto parece lógica. El problema es que el Tribunal Supremo español optará por lo fácil: impartir justicia sin aplicar la ley. Lo de menos son los cientos de millones que les va a costar esta sentencia a los bancos; lo más importante es el daño que se hace al Estado de Derecho, pues se atenta contra su base misma, es decir, la responsabilidad personal.
Artículo publicado en ABC.
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