Las recientes imputaciones de, entre otros, el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la CNMV, Julio Segura, me sugieren dos reflexiones. Por un lado, y aunque no sea la corriente de opinión predominante, creo que el sesgo retrospectivo y el ruido reinante no permiten el análisis.
La salida a Bolsa de Bankia se hizo con todas las bendiciones porque en ese momento concreto se daban las circunstancias de forma y fondo para ello. Esto no quiere decir que fuera la mejor solución, que desde luego no lo fue; sin embargo, no podemos caer en teorías conspirativas. De hecho, tras la salida a Bolsa, suscrita por mucho inversor institucional, la acción estuvo cotizando ocho o nueve meses en el entorno de precios de su salida. Lo demás ya los conocemos: otra vuelta de tuerca de la recesión española y el acelerón de la crisis del euro hicieron el resto.
Pero las decisiones, aunque sean equivocadas, se toman con la información de la que se dispone en dicho momento. Frente a los famosos mails de los inspectores del Banco de España, a los que tanto pábulo se ha dado últimamente, hay toneladas de papeles. Informes del propio Banco de España, informes de auditorías de grandes casas internacionales, informes de bancos de inversión de todo tipo. Ahora, no podemos juzgar mirando por el retrovisor y con los altavoces a todo trapo. Entonces fue legal y ahora, por desgraciado que haya sido el desenlace, no deja de serlo.
Sin embargo, otra cosa es lo que ha evidenciado este escándalo: la politización de los organismos supervisores. Algo de mucho alcance y que si acaso ha ido a más en los últimos años con gobiernos de distinto signo. Este debería ser uno de los capítulos importantes de la tan cacareada regeneración nacional.
Artículo publicado en ABC.
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