El ministro de Energía ha sido uno de los protagonistas de este inicio de año. Los distintos globos sonda que ha ido lanzando al mercado sobre los posibles cambios regulatorios en el sector eléctrico han levantado una fuerte polvareda. Sin venir muy bien a cuento, la semana pasada nos levantamos con unas declaraciones en las que se daba por hecho un importante recorte de tarifa en las compañías de gas. Unos días después, les tocó el turno a las eléctricas. Finalmente, en el Congreso de los Diputados, el ministro tuvo que matizar lo que había ido saliendo en los medios.
El daño ya está hecho. Independientemente de cómo resulte la tan cacareada revisión de tarifas, la inseguridad jurídica que desprende esta forma de hacer las cosas ha calado. Y es algo que viene de lejos. Tras la última gran reforma eléctrica —cuyo responsable seguro recuerdan, pues fue el hermano del actual ministro—, no se ha recuperado la estabilidad regulatoria, esencial para que los distintos jugadores del sector sepan a qué atenerse.
No va a importar mucho dónde traza finalmente la línea el señor ministro, porque no hay ninguna seguridad de que tal criterio se mantenga en el tiempo antes de otro cambio inesperado.
El motivo detrás de este último embiste parece ser meramente político y, por ello, más preocupante. La inicial reforma que tuvo que hacer el gobierno del PP en su primera legislatura era técnica: el sistema tarifario no era sostenible. Ahora bien, si entramos en el «todo vale» y no nos importa pasar por encima de la seguridad jurídica, la cosa pinta muy mal.
Esperemos que el revuelo de los últimos días haya servido de algo. Con todo, no lo creo.
Artículo publicado en ABC.
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