Cada día que pasa se publica el número de empresas catalanas que han decidido cambiar su domicilio social. Creo que la última lectura es superior a las 2.000 y el goteo parece incesante. Sin embargo, quizá sea más importante el tamaño de las mismas que el número de las que se van. Prácticamente todas las grandes han decidido trasladarse a otros puntos de España en los últimos días. Se trata de decisiones lógicas, a tenor del envite independentista, que desmontan el relato de la arcadia feliz. Tal vez el mensaje del Rey, desde una óptica independentista, podía dar lugar a malinterpretaciones. Sin embargo, la salida de los grandes bancos o corporaciones no deja lugar a dudas: no hay una olla llena de oro al final del arco iris.
El único reproche es no haberlo hecho antes. Tal vez nunca creyeron que los líderes separatistas fueran a llegar tan lejos. O quizá haya otras razones detrás de una reacción que, por su efectividad, todos hubiéramos deseado ver antes. Y es cierto que son empresarios y no políticos, para los que significarse en uno u otro sentido puede resultar contraproducente desde el punto de vista de negocio. Ahora bien, cuando lo que está en juego es la seguridad jurídica, una respuesta más temprana hubiera sido aconsejable desde todas las demás perspectivas. Con todo, en este momento procesal, en vez de lamentarse por la leche derramada, deberíamos mirar hacia adelante y pensar en cómo solucionamos el desafío que tenemos entre manos. La legitimidad de las empresas catalanas –sobre todo las grandes– para opinar acerca de las consecuencias económicas de la deriva actual están fuera de toda duda. Y tal vez su primera reacción llegó tarde y solo cuando le vieron la campanilla al lobo. Pero ahora, y de cara al 21D, deberían sacar la cabeza de debajo del ala y hablar claro. Son los primeros interesados.
Artículo publicado en ABC.
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