Parece que la solución al desaguisado que ha provocado el Tribunal Supremo (TS) con la sentencia sobre el sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados en la contratación de la hipoteca, pasa por salvar los muebles. Parece que se busca una solución que permita salvaguardar la imagen del principal responsable del caos actual –el TS, presidido por Carlos Lesmes– y tenga una venta más o menos razonable en la calle. Todo lleva a pensar que de ahora en adelante pagarán los bancos y la retroactividad se limitará a cuatro años.
Se trata de una solución salomónica pero injusta, con un tufo populista al orden del día. Llegados a este punto, dicen, no era posible zanjar el tema sin retroactividad, lo que desde el punto de vista legal era lo deseable. Y es que no tiene sentido que una nueva (y legítima) interpretación de la norma se lleve por delante 23 años de jurisprudencia y escrupuloso respeto de la ley. Se les echaría encima «la gente», vuelven a decir. La solución menos mala –ya no hay ninguna buena, insisten– es la equidistancia. Se acata el polémico fallo del Supremo y se pergeña una solución en la que los bancos se dejan algún pelo en la gatera, no vaya a ser que digan, aunque el agujero en sus cuentas de resultados es asumible y mucho menor que lo que pudiera haber sido. Los bancos pagan, pero menos. Y así todos contentos.
Sorprende o, mejor dicho, preocupa que hayamos llegado al punto en el que la mala prensa del sector financiero propicie semejante desenlace. Probablemente se supere la situación y todos, bancos incluidos, respiren aliviados cuando se conozca la resolución que aclare los aspectos todavía abiertos a interpretación. Sin embargo, lo que subyace tras este planteamiento es una animadversión hacia la banca, a la que se sigue identificando como responsable de la crisis y que además ha sido rescatada con el dinero de todos. Y no ayuda que los bancos se hayan resignado al papel de malos en esta película, pues en cierta medida reafirma el relato populista. Ellos sabrán. Ahora, esta componenda no contribuye a la seguridad jurídica y por ende a la calidad de nuestro Estado de Derecho. Aplica lo de una vez rojo que ciento amarillo.
Artículo publicado en ABC.
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