En los últimos tiempos, la publicación de los datos de paro siempre genera el mismo debate: a pesar de ser extraordinarios, son ferozmente criticados por la elevada temporalidad del trabajo en España. Y de eso no hay duda: el número de contratos temporales que se firman es enorme y desde luego tiene consecuencias económicas, aunque quizás no tantas como algunos nos quieren hacer creer.
Sin embargo, lo que algunos de los abanderados del fin de la temporalidad no saben, o no quieren saber, es que si los empresarios se agarran a esta fórmula es por la nula flexibilidad de la contratación indefinida, que es el problema que subyace de fondo en el empleo español. Se ha avanzado algo en los últimos años con las reformas que, fundamentalmente, permitieron una menor vinculación a los convenios colectivos sectoriales, pero aún queda mucho por hacer. Y esta es la dirección, no nos equivoquemos.
A los empresarios no se les puede obligar a contratar de forma indefinida. Si queremos que lo hagan –lo que lógicamente es bueno para todos– deberíamos poner facilidades. Avancemos más en la flexibilización del mercado laboral, abundar en los criterios de despidos procedentes, tratar de reducir al mínimo la injerencia judicial o mayores beneficios fiscales para las empresas. No hay que olvidar que los empresarios son los grandes creadores de empleo en este país.
Es algo sencillo de entender, pero con un coste político insoportable. Se hizo algo cuando estuvimos al borde del abismo, pero no se llegó lo suficientemente lejos. Ahora, con el viento de cola en lo económico y la ausencia de mayorías claras en lo político, resulta del todo imposible. La pedagogía y la oportunidad política no van de la mano. Lástima.
Artículo publicado en ABC.
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